Miguel Jorge
EditorPortugal se ha adelantado a España y ha decidido transformar en norma lo que hasta ahora era una sugerencia: a partir del próximo curso escolar, todos los centros educativos, tanto públicos como privados, deberán prohibir el uso de teléfonos móviles en las aulas de los primeros ciclos de enseñanza, es decir, entre los 6 y los 12 años.
Basado en datos. La medida, que hasta ahora dependía de la discrecionalidad de cada colegio, responde a una observación empírica clara: allá donde se ha vetado el uso de los móviles, han mejorado las dinámicas de convivencia, ha disminuido la violencia escolar y ha aumentado la socialización.
El decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y será detallado por el ministro de Educación, Fernando Alexandre. Aunque la promesa estaba incluida en el programa electoral de la coalición conservadora AD, que ganó las elecciones de mayo, su aplicación ha sido respaldada por una evaluación exhaustiva que confirma la eficacia de la restricción. La apuesta, por tanto, no se enmarca en una cruzada moral contra la tecnología, sino en una política educativa guiada por resultados medibles.
Menos bullying, más amistad. El informe elaborado por el Centro de Planeamiento y Evaluación de Políticas Públicas se basa en una encuesta realizada a los directores de los 809 agrupamientos escolares del país, que integran etapas desde infantil hasta secundaria, con una población estudiantil de 1,3 millones de alumnos. Las cifras fueron contundentes. En los centros donde se impuso la prohibición total de móviles, las situaciones de acoso escolar disminuyeron en más de la mitad de las aulas entre los 10 y los 18 años.
En el segundo ciclo, correspondiente a las edades de entre 10 y 12 años, el bullying se redujo en el 59% de los colegios. También se registró un descenso superior al 57% en casos de peleas y conductas indisciplinadas en secundaria. Aunque el impacto fue menor en el primer ciclo (de 6 a 9 años), donde el uso del móvil es poco habitual, aun así, un tercio de los centros notó mejoras. En los colegios que aplicaron restricciones parciales o mantuvieron el uso libre, las mejoras fueron más modestas: entre un 21% y un 31% observaron reducciones de conflictos, y entre el 33% y el 39% registraron beneficios cuando hubo algún tipo de limitación a las pantallas.
Cambio visible. Los beneficios no se limitaron a la reducción de la violencia. En los centros con prohibición total se observó un uso creciente de los espacios comunes, como las bibliotecas, las zonas de juego y las áreas deportivas. El informe señala que, comparado con el curso anterior, hubo un incremento visible de situaciones de socialización durante los recreos. Dicho de otra forma, entre ellos, redescubrieron el valor del juego físico y participaron más activamente en actividades escolares al margen de las pantallas.
A la encuesta respondieron no solo por los directores, sino también coordinadores escolares, lo que refuerza la solidez de las conclusiones. Además, estos cambios se produjeron sin grandes conflictos: la mayoría de los centros que adoptaron la medida lo hicieron tras las recomendaciones del Gobierno para el curso 2023/2024, que establecían distintos grados de restricción según la edad. En ese año, el porcentaje de colegios con regulación sobre dispositivos electrónicos pasó del 40% al 62%, un aumento notable en apenas doce meses.
El espejo español. Lo hemos contado: Portugal no está solo en el camino. Noruega o Países Bajos llevaron a cabo estudios similares y documentaron que la prohibición del uso de móviles en los colegios no solo reducía el acoso escolar, sino que tenía efectos significativos sobre la salud mental del alumnado, especialmente entre las chicas. Se observó una caída en las consultas psicológicas y en la necesidad de tratamiento de enfermedades o síntomas asociados al estrés, la ansiedad o la depresión.
En España, el debate está aún fragmentado por comunidades autónomas. Aunque el Consejo Escolar del Estado recomendó en 2024 el veto total en primaria y el uso restringido en secundaria para fines pedagógicos o médicos, su aplicación no es uniforme. Algunos territorios han legislado de forma similar a Portugal, otros mantienen un enfoque más flexible. La experiencia lusa, con datos objetivos y un proceso de consulta amplio, puede marcar un antes y un después para otros países que aún dudan.
El móvil como disruptor. En resumen, el caso portugués muestra cómo una política concreta, bien diseñada y respaldada por evidencia empírica, puede tener efectos inmediatos en el entorno escolar. Lejos de planteamientos tecnófobos, se trata de reconocer que el móvil, en ciertas etapas formativas, actúa como un agente disruptor de la atención, la convivencia y el desarrollo social.
Su restricción, dicen, no pretende excluir la tecnología de la escuela, sino reconfigurar su uso en función de la madurez del alumnado. La decisión del Gobierno portugués, por tanto, no es una reacción nostálgica de tiempos pasados, sino un paso consciente hacia una escuela más segura y centrada en las relaciones “reales”.
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